17 de febrero de 2013

Impuesto IRPF en la indemnización por despido


A partir de la fecha 7 de julio de 2012, los despidos improcedentes han tenido que pasar por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) para poderse aplicar la exención fiscal al trabajador despedido, debido a la Reforma Laboral del RDL 3/2012 de 2 de febrero.

Durante el trámite parlamentario del citado RDL, se introdujo la Disposición Final 11ª la cual modificaba la letra e) del art. 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF. Al respecto, determina que quedarán exentas de dicho impuesto “e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.  
            Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente”.

No es de extrañar entonces, la noticia publicada por “Información” hace unos días sobre el SMAC de Alicante, según la cual “las indemnizaciones de los despidos que acabaron en acuerdo en los servicios de mediación entre enero y octubre del pasado año se duplicaron (+131%) en la provincia en relación al mismo periodo de 2011”.

En Conclusión, para aplicar la exención a las indemnizaciones por despido individual, no será suficiente que el empresario reconozca la improcedencia del despido si no que tendrá que haber sido acordado ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación o por resolución judicial.

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